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Fallo Histórico C.S.J.N.

LIBERTAD DE PRENSA - ART. 32 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Delitos cometidos por la prensa Funcionarios públicos - Inmunidad Parlamentaria - Delitos cometidos por medio de la prensa - Injurias - Jurisdicción.

 

Causa “CALVETE” - MINISTERIO PÚBLICO C/ BENJAMIN CALVETE. FALLO DE FECHA 19/09/1884 - FALLOS: 1:340.

Antecedentes:

El Procurador Fiscal, en cumplimiento de una resolución del Senado, acusó ante un juez seccional de la Nación al Sargento Mayor Benjamín Calvete, por haber publicado en un diario un comunicado donde —a su juicio— se injuriaba y amenazaba al senador Martín Piñero por un discurso pronunciado en una sesión del Congreso.

El juez de primera instancia se declaró incompetente. La Corte revocó el auto apelado y lo devolvió al juzgado para que, en ejercicio de su jurisdicción, procediera y resolviera lo que correspondiera por derecho.-

Algunas cuestiones planteadas:-

a) Funcionario público - Inmunidad - Libertad de prensa - Injurias. (Mayoría: Considerando 2º)

b) Jurisdicción - Delitos cometidos por la prensa - Constitución Nacional - Leyes comunes. (Mayoría: Considerandos 4º y 5º).

Estándar aplicado por la Corte:-

La Constitución Nacional se vería frustrada si los libelos impresos contra los legisladores por sus opiniones emitidas en el Congreso no pudieran ser acusados ante los tribunales de la Nación, toda vez que la inmunidad de que gozan aquellos es un derecho creado por la Constitución Nacional y debe ser regido por ella y por las leyes del Congreso.

 

Texto del Fallo:-

Sobre Jurisdicción del Juzgado Seccional de Buenos Aires para conocer de la acusación entablada por el Procurador Fiscal, Contra Don Benjamín Calvete por publicaciones en la prensa.

El Procurador Fiscal se presenta diciendo: Acompaño la resolución del Honorable Senado por el cual se ordena la acusación del Señor Calvete, y también el número 148 del diario El Pueblo, que se publica en esta capital, en el cual se registra el artículo que ha dado origen á aquella determinación, para que V. S. previo el reconocimiento correspondiente, imponga al señor Calvete la pena establecida por el artículo 32 de la Ley del Congreso de 14 de Setiembre de 1863, pues según el artículo 30, inciso 2º de la misma Ley, el delito cometido contra el Senador D. Martin Piñero, injuriándole y amenazándole con torpeza, por opiniones vertidas en el recinto de la Cámara, en ejercicio de sus funciones, es un verdadero desacato contra las autoridades nacionales.

Salustiano J. Zavalia.

El remitido publicado en El Pueblo es el siguiente:-

“He leído en la Nación del 20 del pasado el artículo Sección Parlamentaria.

“Sería hacer mucho honor al tuerto Piñero, refutar sus soeces insultos, o protestar contra ellos; sabido es, que solo los produce garantido por el sagrado del recinto en que lo hace, y por otra parte, para desfogar un poco la hiel que siempre está dispuesto a vomitar.

“No será difícil, que éste señalado por la mano de Dios, llegue a serlo por partida doble; es decir, puede hacer de repente la adquisición de algunos latigazos administrados por alguno de los muchos que se ha permitido ofender.

Sírvase publicar la presente en su acreditado periódico, y contar con el aprecio con que siempre lo ha distinguido.

Su afectísimo,

“Benjamín Calvete.

Nueve de Julio, 13 de 1864.

Auto del Juez Seccional

Buenos Aires, Agosto 25 de 1864.

Vista la presente acusación de la que resulta: que el Procurador Fiscal en cumplimiento de una resolución del Honorable Senado de la Nación, deduce acusación en forma contra Don Benjamín Calvete, por haber publicado en el diario El Pueblo, un escrito en el cual se infiere una torpe amenaza y se injuria al señor Senador Don Martin Piñero, con motivo de opiniones vertidas por él en el ejercicio de sus funciones. Y fundándose en que ese escrito ha sido considerado por el Honorable Senado como una ofensa hecha a su propia dignidad; como un quebrantamiento del privilegio parlamentario y como un delito cuyo conocimiento compete a los Tribunales Nacionales; y clasificando el delito como un desacato contra las autoridades nacionales, previsto por el artículo treinta de la ley de catorce de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres, pide la aplicación de la pena que ese artículo establece. Y considerando: —Primero. Que en este caso no se trata solamente de un desacato contra la autoridad, sino más bien, de un abuso de la libertad de imprenta, porque los abusos de la prensa los constituyen los delitos cometidos por medio de ella, y estar tan estrechamente ligados el uno con el otro, que el juicio tiene forzosamente que comprender a ambos. —Segundo. Que el artículo treinta de la ley nacional penal invocada por el Procurador Fiscal, al tratar de las injurias y desacatos contra las autoridades nacionales, no se ha referido a los delitos de la prensa. Primero. Porque de su tenor no se deduce tal cosa. Segundo. Porque no podía hacerlo en vista del artículo treinta y dos de la Constitución Nacional, que establece, que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Tercero. Porque la soberanía provincial se ha reservado la facultad de reprimir tales delitos, como expresamente se reconoció al tratarse en la Convención del artículo citado; (diario de Sesiones de la Convención del Estado de Buenos-Aires, página 97) y porque así ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia en el caso promovido por el señor Fiscal General de la Nación contra el Doctor Don Manuel G. Argerich. Que no existiendo, pues, ley alguna nacional que rija el delito que se acusa; y prohibiendo la Constitución toda jurisdicción en materias de imprenta, carece el Juzgado de la facultad necesaria para entender en esta acusación. Declara: Que no debe hacer lugar a la acusación deducida por el señor Procurador Fiscal contra D. Benjamín Calvete.

Alejandro Heredia.

El Procurador Fiscal apeló de esta resolución, en cuyo recurso recayó el siguiente:

Fallo de la Suprema Corte

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1864. Vista la acusación del Procurador Fiscal contra el Sargento Mayor Don Benjamín Calvete, por un comunicado que publicó bajo su firma, el diario titulado El Pueblo, y en el cual, a juicio de aquel funcionario, se injuria gravemente y se amenaza al señor Senador de la Nación, D. Martin Piñero, con motivo de un discurso que pronunció en una Sesión del Congreso; visto también el auto del Juez de Sección de esta Provincia, declarándose incompetente para conocer de la causa, y expresando como razón principal de este pronunciamiento la de que, habiéndose prohibido por el artículo treinta y dos de la Constitución Nacional que se establezca sobre la libertad de la prensa de jurisdicción federal, las dichas injurias y amenazas no pueden ser castigadas por los tribunales que ejercen esa jurisdicción. Y considerando: Primero. Que atendidos los fines que se propone la misma Constitución, disponiendo, en su artículo sesenta, que los miembros del Congreso no puedan ser acusados, interrogados, ni molestados por las opiniones o discursos que emitan desempeñando su mandato de legisladores, esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; porque si hubiera un medio de violarla impunemente, se emplearía él con frecuencia por los que intentasen coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio, y frustrada la Constitución en una de sus mássustanciales disposiciones. Segundo. Que este sería efectivamente el resultado, si los libelos impresos contra los Representantes por las opiniones que emitan en el Congreso, no pudieran ser acusados ante los Tribunales de la Nación; pues la inmunidad de que gozan es un derecho creado por la Constitución Nacional, que no puede ser regido sino por ella y por las leyes del Congreso, según el inciso veinte y ocho del artículo sesenta y siete de la misma Constitución, y por el artículo cien se atribuye exclusivamente a la jurisdicción federal el conocimiento y decisión de las causas que versan sobre puntos comprendidos en esa clasificación; deduciéndose de estos principios que si los Tribunales Nacionales fueran incompetentes para proceder en el presente caso, lo serian también los de Provincia, y que la Constitución habría dado a los Legisladores de la República un privilegio ilusorio, contra la manifiesta intención de sus autores. Tercero. Que la inconsecuencia o la falta de previsiónjamás se supone en el Legislador, y por esto se reconoce como un principio inconcuso, que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando, como verdadero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto. Cuarto. Que aplicando esta regla de interpretación al artículo treinta y dos citado, resulta: que la abstención que por él se impone a la jurisdicción federal, está circunscripta a aquellas infracciones de las leyes comunes que pueden ser castigadas por los Tribunales de Provincia quienes compete hacer cumplir sus preceptos; como son: las ofensas a la moral, y demás que se cometan abusando del derecho garantido a la prensa de poder discutir libremente todas las materias religiosas, filosóficas y políticas; las injurias y calumnias inferidas a personas privadas, oa empleados cuyas faltas es permitido denunciar o inculpar, porque la Constitución no les ha concedido inmunidad …; pero que de ningún modo se extiendea aquellos delitos que, aunque cometidos por medio de la prensa, son violaciones de la Constitución Nacional, o atentados contra el orden establecido por ella, y puesto bajo el amparo de las autoridades que ha creado para su defensa. Quinto. Que esta fue la inteligencia que se dio al artículo treinta y dos por la comisión examinadora de la anterior Constitución que lo propuso a la Convención de Buenos-Aires (donde como en la que se reunió en Santa Fe fue sancionado sin discusión). Según claramente se deduce del informe con que acompañó sus proyectos de reformas y del discurso del miembro encargado de sostenerlas; diciéndose en el primero: “Aun considerando los abusos de la palabra escrita como verdaderos delitos (que en realidad no son sino actos dañosos a la sociedad), ellos no podrían caer bajo la jurisdicción nacional, como no caen los delitos comunes, y sería un contrasentido que fuese tribunal nacional un jurado de imprenta, y no lo fuese un juzgado civil o criminal;» y en el discurso del segundo: “El Congreso dando leyes de imprenta, sujetaría el juicio à los tribunales federales, sacando el delito de su fuero natural;» lo que solamente puede ser verdad entendiéndose por abuso de la libertad de imprenta, la infracción, por medio de ella, de algún precepto del derecho común; pues el juicio de las que se cometen contra la Constitución Nacional y las leyes del Congreso, no pertenece al fuero provincial, y deduciéndose de estos fundamentos que el Juzgado de Sección es competente para conocer de la acusación que el Procurador Fiscal ha entablado, ante él, contra el Sargento Mayor D. Benjamín Calvete; se revoca el auto apelado de foja cuatro, y devuélvase para que poniendo aquel Juzgado en ejercicio su jurisdicción, proceda en la causa y resuelva lo que corresponda por derecho. FRANCISCO DE LAS CARRERAS — SALVADOR MARIA DEL CARRIL — FRANCISCO DELGADO — JOSÉ BARROS PAZOS.

 

Nota complementaria:

Al analizar los delitos de calumnias e injurias —con respecto a la interpretación de los tipos penales que consagran delitos que pueden ser cometidos por medio de la prensa— el Tribunal sostuvo que, con arreglo a los arts. 14, 32 y 33 de la Constitución Nacional, la libertad de prensa tiene un sentido más amplio que la mera exclusión de la censura previa, por lo que es necesario evitar interpretaciones del art. 113 del C.P. frustratorios de tal derecho, con igual alcance que si mediara aquélla (“Pérez, Eduardo y otro”, Fallos: 257:308) (3). Posteriormente, la Corte exigió como requisito ineludible de la responsabilidad penal la positiva comprobación de que la acción ilícita podía ser atribuida al procesado tanto objetiva como subjetivamente (“Lectoure, Juan Carlos”, Fallos: 303:267, entre muchos otros).-